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Luz verde al texto del anteproyecto de ley que garantizará la atención a los enfermos terminales

«Viene a completar un hueco imprescindible en la legislación», defiende Igea, para quien los pacientes tendrán en los días finales de su vida «un camino entre el suicidio, la eutanasia y el sufrimiento»

Fuente original: ABC Castilla-León, 30/07/2021. https://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-verde-texto-anteproyecto-ley-garantizara-atencion-enfermos-terminales-202107301133_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.abc.es%2Fespana%2Fcastilla-leon%2Fabci-verde-texto-anteproyecto-ley-garantizara-atencion-enfermos-terminales-202107301133_noticia.html

Su primer borrador fue objeto de presentación en la primera rueda de prensa del Consejo del recién constituido Ejecutivo PP-Ciudadanos, allá por julio de 2019, detalle de la importancia que le concedía el Gobierno regional, y en concreto, el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea -era uno de los puntos del acuerdo de gobierno firmado entre la formación naranja y los populares-. Poco más de dos años después, ayer, en Consejo de Gobierno, se dio definitivamente luz verde al Anteproyecto de Ley de Derechos y Garantías de las personas al final de su vida, un marco normativo que, en palabras de Igea, «va garantizar a los ciudadanos de Castilla y León algo esencial: que hay un camino entre el suicidio, la eutanasia y el sufrimiento».

El texto de la futura norma, que ahora deberá tramitarse en las Cortes de Castilla y León, se aprueba prácticamente un mes después de que en este mismo marco se aprobase el decreto para crear Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia, una vez entrada en vigor la Ley estatal, con la que este nuevo anteproyecto de Ley no choca sino que «son complementarios», defendió entonces Igea, aunque reconoció que le hubiera gustado que el Gobierno central se hubiera planteado antes una norma de cuidados paliativos. Y es que hay que recordar esta misma iniciativa legislativa que ahora ve la luz en Castilla y León fue defendida en el Congreso en la pasada legislatura por Igea siendo diputado nacional. Aprobada con un amplio respaldo en la Cámara Baja (incluido el PP), encalló en el Senado y no hubo tiempo de que se aprobase.

Por eso, ayer el portavoz se manifestaba particularmente satisfecho, ya que a su juicio la futura norma «viene a completar un hueco imprescindible en nuestra legislación». «Es un camino que tenemos que garantizar a nuestros pacientes», insistió.

Respecto a los detalles del anteproyecto, explicó que con esta ley los enfermos en los últimos momentos de su vida «serán informados correctamente de sus derechos, van a poder declarar sus voluntades y conocer sus perspectivas», entre las que incluyó «qué tratamientos se les ofrecen y a los que tienen derecho a renunciar». Incorpora también el texto la obligación de información a estos pacientes sobre las medidas existentes de soporte vital, como la nutrición o la hidratación forzada, así como derechos como la sedación para aliviar «todos sus síntomas, no solo el dolor».

Garantiza, asimismo el documento, el derecho a la intimidad, al acompañamiento y a recibir cuidados paliativos de calidad, para lo que la Junta «va a desplegar, en todas las provincias, unidades de cuidados paliativos que garanticen este derecho».

Sistema sancionador

Otro punto que destacó el vicepresidente respecto al anteproyecto es que incluirá un «efectivo» sistema sancionador para todos los profesionales, empresas y la propia administración que «incumplan» estos derechos, «asegurando» de esta manera el cumplimiento de los mismos.

«Hoy es un día importante para los ciudadanos. Damos un paso muy importante en un camino que deberíamos haber finalizado hace tiempo», concluyó Igea, recordando que otras comunidades autónomas cuentan ya con una legislación similar, que garantiza que «todos los ciudadanos son dueños de sus decisiones hasta el último día de sus vidas».

Enmarcada también en ese objetivo de mejorar la asistencia sanitaria, la norma establece matizaciones al ejercicio de dichos derechos por menores de edad, y también las obligaciones que corresponden a instituciones sociosanitarias de titularidad pública o privada. Establece, además, la obligación de que todos los centros relacionados con la asistencia al final de la vida estén vinculados a un comité de ética asistencial, y atribuye a la Consejería de Sanidad las labores de vigilancia e inspección para garantizar el cumplimiento de la ley.

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